Venezuela ante la Corte Penal Internacional

JULIO CÉSAR PINEDA

El 08 de febrero de 2018 la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda afirmó haber comenzado el examen preliminar de la Corte por el caso venezolano en la violación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, en función de los delitos consagrados por el Tratado de Roma de 1998, en particular por Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad, este proceso puede ser largo. En días recientes, el gobierno de Argentina anunció oficialmente acudir a la CPI junto con otros gobiernos de América Latina para denunciar al Presidente Nicolás Maduro, como ha ocurrido con otros Jefes de Estado por crímenes internacionales contemplados en el Estatuto de Roma que hace poco cumplió 20 años de su aprobación con la firma y posterior ratificación de los Estados partes. Esta es la primera vez que un Estado o grupo de Estados impulsan un Proceso Penal porque anteriormente dejaban esa competencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) o a la iniciativa de la Fiscalía en base a denuncias sustentadas.

Las experiencias de los Tribunales Ad Hoc de Núremberg y Tokio, creados luego de la Segunda Guerra Mundial son referencia fundamental en el surgimiento de un Orden Penal Internacional represivo y luego desarrollaron los Tribunales de La Haya por los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y de Arusha por los de Ruanda. Esta justicia penal internacional se inscribe en el proceso de la “moralización” de la vida política a escala universal. Fue importante la consideración, no sólo de castigar a los culpables sino de permitir la justicia a las víctimas con el derecho a la verdad y a la reparación, no sólo penal sino también civil. Este nuevo Derecho Penal puede extenderse a otros crímenes y busca ser vinculante para todos los Estados de la Comunidad Internacional, los países de América Latina se inscriben en esta perspectiva que busca una justicia penal universal.
Todos los mecanismos de integración regional y las organizaciones internacionales como la propia ONU, buscan la promoción y protección de los Derechos Humanos así también los instrumentos jurídicos regionales mundiales de Derechos Humanos y Derecho Humanitario.
El 17 de julio de 1998, precisamente hace 20 años, por el Acta de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas celebrada en Roma, aunque no se tipificaron todos los crímenes internacionales, por lo menos se señalaron los cuatro más graves que afectan a la Comunidad Internacional. Desgraciadamente, países como Estados Unidos, China, Israel, Cuba e Irak no firmaron el Estatuto de Roma y no admiten la jurisdicción de esta instancia penal. Rusia se retiró en noviembre del 2016, y todavía faltan algunos de los miembros de la ONU por hacerse parte. Por América Latina y el Caribe, 28 países aceptan la competencia de la CPI, entre ellos Venezuela, que firmó el Estatuto de Roma en 1998 durante la presidencia del Dr. Rafael Caldera y ratificó el Estatuto en el 2002 con el Presidente Hugo Rafael Chávez. De los 18 jueces asignados en las distintas salas, cuatro siempre pertenecen a América Latina, en las diferentes instancias: cuestiones preliminares; y salas de primera y segunda instancia para los juicios y las apelaciones.
El anuncio del Presidente Macri hecho público esta semana y el respaldo de varios Estados latinoamericanos obligarán a la Fiscal para la investigación formal con el inicio de buscar información, no solamente de la sociedad política sino de la sociedad civil venezolana y si la Fiscalía determina que hay fundamentos para abrir una investigación, se dará curso a la investigación formal y a la acusación correspondiente, en este caso como es una denuncia hecha por uno o varios Estados partes del Estatuto de Roma, no se necesita la demanda a la Sala de Cuestiones Preliminares y si se determina abrir la investigación, la Fiscalía puede pedir orden de detención del inculpado con la futura imputación y la confirmación de cargos ante la Sala de Primera Instancia donde se iniciaría el juicio.
Es importante conocer la interpretación de los 128 artículos propios del procedimiento para enjuiciar a las personas señaladas en la tipificación de los delitos de la CPI, en el entendido que esta Corte Internacional es complementaria a la jurisdicción nacional y ante la ineficiencia de la justicia penal nacional.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha manifestado interés en llevar el caso venezolano a la Corte Penal Internacional, incluso contrató al primer Fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo. Desde el 2012, la Fiscal de la CPI es la africana Bensouda a quien le correspondería llevar este caso. Y quien el 08 de febrero de este año declaró haber iniciado el examen preliminar, el cual se hace más urgente si se concreta la denuncia de uno o varios Estados latinoamericanos. Es tiempo de cualquier caso en cualquier país de la justicia transnacional.
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