TSJ legítimo de Venezuela declara «inexistente» autorización de enjuiciamiento contra Guaidó

El Tribunal Supremo de Justicia, TSJ Legítimo, de Venezuela, publicó este viernes una sentencia que otorga medidas de protección a los diputados del Parlamento y al presidente encargado del país, Juan Guaidó, frente a las pretendidas autorizaciones de enjuiciamiento dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, designada por el dictador Nicolás Maduro.

En el documento, suscrito por el presidente del TSJ, el magistrado Miguel Ángel Martín, se declaran como “inexistentes” las pretendidas “autorizaciones de enjuiciamiento” dictadas por la ANC en contra de los diputados German Darío Ferrer, Freddy Guevara Cortez, Julio Andrés Borges Junyent y Juan Requesens, así como la declaratoria de “continuación del juicio para que se verifique la posibilidad del allanamiento de la inmunidad parlamentaria” del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, líder del Parlamento y quien ejerce actualmente las funciones de presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela.

El 3 de abril último, la ANC chavista dio luz verde a la continuidad del enjuiciamiento de Guaidó después de que el presidente del TSJ que sirve a Maduro, Maikel Moreno, solicitara «el allanamiento a la inmunidad parlamentaria» del presidente del Parlamento, el único poder legítimamente electo en el país, tras declararlo en desacato.

La sentencia aprobada este viernes por el TSJ Legítimo declara la definitiva nulidad de la ANC, la cual califica de “fraudulenta”, y refiere que aquellos que “usurpan” cargos en el TSJ chavista, así como el Fiscal General, Tarek William Saab; el Contralor General, Elvis Amoroso, y el Defensor del Pueblo, Alfredo José Ruiz Angulo, han incurrido en “desacato del mandato constitucional” y en consecuencia, serán responsables civil y penalmente por ello.

El texto recuerda además que la inmunidad de los diputados es una institución fundamental para la democracia, establecida a fin de proteger la función parlamentaria, la cual constituye una garantía constitucional de la independencia de acción de los diputados y del Parlamento, destinada a evitar el uso de la persecución penal y del poder punitivo del Estado para apartar indebidamente a un diputado de las tareas de legislación y de control sobre el Gobierno.

Debido a ello, ningún diputado puede ser sometido a juicio penal y privado de libertad, sin que antes el Tribunal Supremo de Justicia legítimo haya declarado méritos suficientes para el enjuiciamiento, y sin que la Asamblea Nacional haya autorizado dicho proceso.

La sentencia del TSJ Legítimo, emitida este viernes, pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomar en consideración este documento entre los informes que emite ese organismo garante de los derechos humanos en la región sobre las naciones que activamente vienen cometiendo graves violaciones y que igualmente afectan la institucionalidad democrática y el Estado de derecho en Venezuela.

Diario Las Américas

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