La complicidad de José Luis Zapatero
en el llamado “Expediente Royuela”

Juan Montañez

Miguel Eduardo Mundo

La muerte de un hijo, Javier, y la injusta pena y encarcelación de otro, Santiago, durante nueve años y medio, son las causas principales de la lucha de Alberto Royuela Fernández (81 años), que además ha sufrido cinco intentos de asesinato y más de veinticinco años de acoso, a nivel personal, laboral y familiar. El principal responsable de este acoso es el ex Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (1996-2006), José María Mena Álvarez, según los más de 36.000 documentos manuscritos suyos que tiene en su poder la familia Royuela. Cuestiones ideológicas son el supuesto motivo de este ensañamiento, ya que Alberto Royuela formó parte de la Falange y de la guardia personal de Franco, este apunte es importante para conocer las facilidades de Alberto para acceder a cierta documentación de la que hablaremos en este artículo. Mena fue en su día componente de la organización comunista Banderas Rojas

Todo lo que vamos a relatar se debe enmarcar dentro de hechos presuntamente acaecidos, ya que en dos ocasiones se han presentado querellas en los juzgados españoles y por diferentes razones se ha evitado la celebración del juicio. Esta circunstancia ha impedido de momento que sea imposible juzgar a los responsables de la mayor trama criminal desde la transición del 78, que de conocerse podría cambiar incluso el panorama político español actual. Los datos que aportamos se pueden encontrar desde hace más de un año en la página web www.javierroyuelasamit.com y en el libro El fiscal, cuyo autor es Santiago Royuela Samit. 

Toda la supuesta trama delictiva comienza con la creación de una especie de servicio secreto paralelo del Estado, creado para defender, mediante métodos mafiosos, los intereses del PSOE partido que accedió al Gobierno de España de la mano de Felipe González Márquez, en el año 1982. 

El presunto impulsor fue Juan Alberto Belloch que llegó a ser Ministro de Justicia e Interior (1993-1996) en la época de González, para ello contó con la colaboración de Margarita Robles, entonces secretaria de interior y actualmente ministra de defensa en el Gobierno de Pedro Sánchez. En principio, el Fiscal Jefe de Cataluña, (1987-1995) Carlos Jiménez Villarejo, comenzó las actividades ilegales mediante el amaño de sentencias cuya resolución generalmente era favorable a miembros del partido socialista, a cambio de elevadas cantidades de dinero. Posteriormente la trama se amplío llegando a generar un grupo de delincuentes más especializados, incluyéndose el sicariado, responsable de más de mil cien asesinatos por encargo. Villarejo pasó a ser Fiscal Jefe anticorrupción en el Tribunal Superior de Justicia en Madrid  mientras José María Mena ocupó la plaza que este dejó vacante en Cataluña, desde donde sin duda superó a su antecesor, ampliando la actividad delictiva hasta límites inimaginables. El hecho de que Villarejo ocupara la plaza en Madrid sirvió para animar a Mena en la expansión de los negocios sucios de la trama, contando además con el apoyo de Villarejo en la capital de España. Tanto Carlos Jiménez Villarejo como José María Mena han sido galardonados con  la Cruz de Sant Jordi de la Generalidad de Cataluña que se otorga «a quienes hayan prestado servicios destacados en Cataluña para la defensa de su identidad o, en un ámbito más general, en el plan cívico y cultural».  Los dos ex fiscales son tertulianos habituales en programas de televisión y prensa, desde donde dan su particular punto de vista de la Justicia. La labor de Villarejo fue reconocida en multitud de ocasiones por «su lucha jurídica contra la corrupción y la defensa sostenida de los valores democráticos».  Villarejo obtuvo el tercer lugar en la lista, al presentarse con Podemos a las elecciones europeas del año 2014.

A principios de los noventa, Alberto Royuela, cansado del acoso y derribo del que era víctima empezó a utilizar sus contactos para obtener información comprometida sobre José María Mena y su organización.  Tuvo conocimiento, a través de personas infiltradas, de los ingresos en bancos de Venezuela de dinero por parte de algunos magistrados, incluidos  Mena y Villarejo junto a sus mujeres. En el año 2000 interpuso una denuncia contra Carlos Villarejo, José María Mena, y otros colaboradores por evasión de capitales en ese país. Fue a través de un Dr. venezolano, Santiago Ospedales, que trabajaba para el servicio secreto de la república Bolivariana, y que puso en contacto a Alberto con un Juez de la región de Tucacas. Gracias a que los apoderados de dichas cuentas eran personas relacionadas con el narcotráfico consiguieron, a través de Interpol, los números de cuenta, titulares, cantidades ingresadas y todo tipo de datos que fueron usados por Royuela para interponer la denuncia del año 2000. Mena hizo los movimientos pertinentes en el ámbito que controlaba y consiguió que en el juicio Alberto Royuela fue sorprendentemente el condenado a 18 meses de cárcel, por denuncia falsa y falsedad documental, actuando la fiscalía de oficio y sin que ninguno de los acusados se hubiese querellado en contra del demandante. Mena y Villarejo se encargaron de que no se comprobase la veracidad de los documentos aportados, a pesar del peso y la procedencia de los mismos. Durante el juicio Alberto incluso se tuvo que someter a un examen psicológico, por alegar algún magistrado que estaba loco. El examen se saldó con el veredicto de que no solamente no estaba loco, sino que tenía una capacidad mental muy por encima de lo normal. Se da la circunstancia de que la condena de 18 meses es curiosamente reducida respecto a la considerada normal por los delitos que se imputaron a Royuela, después se descubrió que esta condena mínima estaba ideada para que Royuela no pudiera apelar al tribunal de Madrid, donde probablemente hubiese conseguido una revisión del juicio. Otro detalle escandaloso es que en España no se tiene que entrar en prisión por una condena inferior a dos años, si no hay antecedentes, sin embargo, Mena se encargó de que Alberto ingresara para cumplir la pena en el momento que creyó más oportuno el Fiscal. Como detalle curioso relatar que el juez de Tucacas, Venezuela, murió en un accidente de tráfico meses después del inicio de las pesquisas.    

Primera querella en el 2006. Los papeles de Mena

En el año 2006 es cuando se presenta en la sala Segunda del Tribunal Supremo por parte de Alberto Royuela la primera querella contra Mena y su amplio equipo de colaboradores por los delitos más graves. En esta ocasión se acusa al Ex Fiscal de: más de 1.136 asesinatos (un 20% más que los cometidos por la banda terrorista ETA), cohecho, formación de banda criminal, amaño de sentencias, tráfico de drogas, extorsión, evasión de capitales, etc. Estos delitos se cometen, como mínimo, desde principios de los noventa hasta el 2006, año en el que Mena se jubiló. La base de esta querella son los documentos encontrados en la clínica abortista del Dr. Carlos Morín, de quien el ex Fiscal era socio extraoficialmente. Allí almacenaba Mena los documentos que llegaron a manos de Alberto Royuela de forma poco menos que milagrosa, tras la denuncia de un programa de la TV danesa que descubrió que en la clínica se efectuaban abortos a mujeres de hasta siete meses de gestación. Mena, en su condición de fiscal jefe, tuvo noticias de que se iba a efectuar un registro y ordenó la destrucción de todos los informes y notas que generó durante años de actividad criminal, que comenzara en su día su predecesor Carlos Jiménez Villarejo. Fue a través de la información proporcionada por un infiltrado de Alberto Royuela  que llegó al conocimiento de este la orden de destrucción de los archivos de Mena, entonces negoció un acuerdo económico con los supuestos encargados de eliminarlos y así se hizo con la comprometedora base de más de 36.000 manuscritos por el ex fiscal, que a modo de la mafia tradicional, utilizaba ese sistema para llevar el control de sus turbios asuntos.

El papel de Zapatero

Es en esta querella de 2006 donde asume un papel trascendental José Luis Rodríguez Zapatero. Por entonces Zapatero era Presidente del gobierno por el PSOE, partido desde donde supuestamente se encargaron la mayoría de los actos delictivos que hemos relatado con anterioridad. Ante la rotundidad de las pruebas que aportaba Royuela, y que básicamente se hubiesen demostrado ciertas mediante una simple comparación pericial caligráfica, Mena se vio perdido, y a pesar de todos los contactos y chantajes elaborados durante años, el asunto pintaba mal a su favor y tomó la decisión de dejar el país, poniéndose de acuerdo con sus dos colaboradores más directos, el guardia civil Ruiz, y el policía nacional Peña para que hicieran lo mismo. Incluso llegó a escribir una carta a su hija donde se despedía de ella, la carta original también obra en poder de Royuela.

Estas manifestaciones de Alberto están extraídas de un video titulado Reflexiones Expediente Royuela y nos relatan sobre la trama criminal y como se intentó denunciar en dos ocasiones. Conde Pumpido era por entonces Fiscal General del Estado, Martin Pallín fue Magistrado del Tribunal Supremo:

“Son muy importantes las dos veces que se ha puesto en conocimiento de la Justicia. En el año 2006 España no se enteró de que estaban denunciando al Fiscal Jefe de Cataluña… por asesino, e intervino la Masonería, Conde-Pumpido, Martín Pallín … chantajearon a unos cuantos magistrados se reunieron con Zapatero, y a través de la Masonería frenan el asunto y nos envían a prisión por causas que teníamos”.

Así relata el propio Alberto Royuela en su página Web la intervención de Zapatero para poner solución al conflicto de Mena:

«Una vez se vio entre la espada y la pared ante la querella del 2006 por parte de Alberto Royuela, el fiscal Mena Álvarez (Masón grado 27) no dudó en contactar con sus hermanos masones, escribiendo al presidente de la Gran Logia de España, al de la Logia de Montevideo y al mismísimo presidente Zapatero; “siempre en aras de nuestro proyecto humano y universal”. Éste último, Zapatero, miembro de la Logia Humanidades, fue quien le dio la solución ante el problema: el fiscal Mena Álvarez pasaría a jubilarse y dejar de ser aforado en el Tribunal Supremo, siendo así que dicho tribunal contestó a Alberto Royuela que Mena Álvarez ya no era aforado, rechazando la querella y dejando en el olvido todas las pruebas aportadas»

Con la mediación de Zapatero, y aplicándose su solución de jubilación de Mena es como acaba el intento de Alberto Royuela de sacar a la luz este escándalo de proporciones dantescas. En una carta con fecha de 24 de octubre de 2006, el Fiscal Mena agradece personalmente la gestión de Zapatero, que comprensiblemente debía ser uno de los más interesados en que toda la inmundicia permaneciera bajo la alfombra.

A pesar de la gravedad de los delitos que se relacionan en internet desde hace un año, con nombres, fechas, cifras y otra multitud de datos, nadie se ha querellado contra los Royuela, que están deseando que alguien les acuse, seguros de la información que atesoran y que es la prueba que puede mostrar la realidad de este apasionante caso que supera con creces a la ficción. Una de las supuestas actividades delictivas en las que la trama llegó a especializarse consistía en, mediante grandes pagos en efectivo, la eliminación de personas por parte muchas veces de familiares, para cobro de herencias, etc. Dichas muertes le eran encomendadas con frecuencia a Mena por parte de bufetes de abogados; se nombra en los documentos al bufete Arbitrium de Barcelona, con más de 50 encargos. De todo ello tienen los Royuela documentación original. Ninguno de estos bufetes de abogados ha iniciado acción legal alguna contra ellos, a pesar de que toda la documentación está a disposición de quien quiera consultarla, incluida la lista con los 1.136 fallecidos. Incluso se ha editado un pequeño libro, El fiscal, en el que Santiago Royuela relata detalles de su paso por la prisión, así como datos muy clarificadores acerca del expediente Royuela. Se han hecho tres pruebas periciales caligráficas en diferentes países de Europa autentificando que la inmensa mayoría de documentos son manuscritos de Mena, pero en las dos ocasiones relatadas no se ha podido llegar a juicio para demostrarlo ante la justicia.

El 6 de agosto se cumplió un año desde que Santiago Royuela comenzara a publicar los documentos escaneados y los videos donde se explica toda la trama. Hace una semana levantó ampollas el último video subido a Youtube, mostraba las cuentas e ingresos hechos a miembros de ETA y Esquerra Republicana y sacaba a la luz las relaciones del PSOE con la banda terrorista y los Independentistas catalanes. Especialmente interesante la relación de Mena con Marlaska, actual Ministro de Interior, acerca de este asunto y la posible relación de la trama con los atentados de Madrid del 11 M del año 2004. 

A pesar del silencio de los medios más importantes, las redes sociales han permitido dar a conocer ampliamente el caso, han sido muchos youtubers y blogueros los que han dado voz en sus espacios para que así fuera, también pequeñas emisoras de radio y periódicos digitales se han hecho eco. Es Internet, una vez más el medio ideal para contrarrestar a los “medios oficiales” que no siempre sacan los temas de interés general, especialmente aquellos que implican escándalos de este calibre.

En el medio web El diestro, Alberto Royuela habla sobre los documentos originales en su poder y deja claro que no se trata de un asunto personal o ideológico en contra del PSOE: 

“Todo lo que decimos en los vídeos no lo decimos nosotros, lo dice el propio Mena a través de sus escritos; nadie va a encontrar ni una sola coma que sea dicha ni por mi hijo ni por mí en primera persona, todo lo que decimos son palabras del propio Mena; cuando hablo del Partido Socialista yo no ataco al Partido Socialista, es lo que pone en los papeles. Y otra cosa muy importante: toda la información que hemos sacado no llega ni a un diez por ciento de la que hay en esos papeles”.

Muchas voces críticas apuntan a que en los últimos meses el Gobierno español ha aprovechado la circunstancia del COVID-19 para reforzar una serie de medidas que menoscaban abiertamente los derechos de los españoles, sobre todo los de expresión de los más críticos con la gestión de la pandemia. No debemos olvidar tampoco que en la actualidad el partido en el gobierno es el PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, en coalición con Unidas Podemos. Conviene recordar que durante más de veinte años el principal inductor y beneficiario de los delitos que se le atribuyen al ex Fiscal Mena y sus colaboradores fue el partido del actual Presidente de España., entre ellos el 60% de los 1.136 asesinatos, algunos de ellos encargados desde “la cúpula” del partido, siempre supuestamente y según los papeles en poder de los Royuela. A este hecho debemos añadir que, actualmente la Fiscal Jefe del tribunal Superior de Justicia es Carmen Delgado, que fue Ministra de Justicia con el gobierno de los socialistas. 

Ningún medio de comunicación importante en España se ha hecho eco de la lucha de la familia Royuela en busca de justicia. Las ramificaciones de esta trama criminal establecieron una red en la cual pocas personas del ámbito periodístico, judicial, policial estaban libres de pecado, como pudo apreciar personalmente Alberto Royuela, que tiene documentos manuscritos de Mena donde amenaza a infinidad de medios para que no se hagan eco de ninguna información que provenga de los Royuela, así mismo chantajea prácticamente  a cualquier miembro de la justicia de los que tiene amplios estudios, con datos comprometedores en su mayoría. 

A pesar de todo ello, Alberto y Santi Royuela no van a cejar en el intento, siguen elaborando la nueva querella desde hace meses, en colaboración con dos abogados. Será su tercer intento en busca de justicia, para sí mismos y para miles de damnificados en esta trama difícil de digerir. Las más de seiscientas páginas estarán también apoyadas por una asociación que se está formando y que reforzará su petición ante la ley. Ahora no están solos, miles de personas ya conocen el Expediente Royuela, principalmente a través de las redes sociales, y de la página www.javierroyuelasamit.com, donde se pueden consultar gran parte de los 36.000 documentos incautados a Mena. Desde hace un año se han producido infinidad de apoyos a una causa que puede hacer tambalear los pilares del Gobierno y de la misma Constitución del 78, y que de salir a la luz, puede  hacer que los ciudadanos españoles se cuestionen la veracidad de valores básicos como la  Democracia, separación de poderes, y sobre todo la aplicación de  la Justicia en este país. Ni las múltiples incidencias producidas por la crisis del COVID-19 deben frenar esta lucha, más bien al contrario, puede ser un buen momento para conocer detalles de quienes dirigen el gobierno actual, ya que una buena cantidad de integrantes del mismo aparecen en los papeles de Mena, como mínimo en la figura de perceptores de escandalosas cantidades de dinero, ingresos completamente ilícitos, que también han sido denunciados en diversas ocasiones sin éxito alguno.

La impotencia y desesperación de Alberto Royuela es manifiesta en ocasiones, después de más de veinte años de lucha, en los que se ha puesto en contacto con una amplia relación de medios de comunicación, partidos políticos, periodistas de renombre, etc., siempre con resultado infructuoso. En el año 2017 envió una carta a su Majestad el rey de España Felipe VI, no era la primera, en respuesta el monarca le recomendó que pusiera denuncias en todos los juzgados relacionados con los asesinatos. Así lo hizo Alberto que puso más de 1.136 denuncias en juzgados de toda España, recibiendo de todos ellos el silencio por respuesta.

La mayoría de los interesados en el Expediente Royuela coinciden en que es prácticamente imposible inventar y falsificar tan gran cantidad de documentos en su poder, originales, muchas veces timbrados, etc. y esperan con gran interés que estos hechos salgan a la luz, para conocimiento general del pueblo español, y para que se haga justicia con Alberto y Santiago, que se han convertido en ícono de la lucha de una familia en contra de un estado, judicial y políticamente corrupto. Las actitudes que se tomarán por parte de ese mismo estado ante este caso son muy previsibles, sí son las lógicas esperadas, siempre quedará Europa; Tal vez sea una buena ocasión para que el aparato judicial europeo tome medidas en este reino de taifas en el que se está convirtiendo España.

Nunca se sabe, a veces Dios escribe recto, con renglones torcidos.

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