Keiko Fujimori: juez dictó 15 meses de prisión preventiva por el caso Odebrecht

Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, será recluida en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos para cumplir la orden de prisión preventiva por 15 meses, dispuesta por el Poder Judicial. La excandidata es investigada por los presuntos aportes ilícitos para las campañas del 2011 y 2016 (Caso Odebrecht).

El plazo de 15 meses empezó a contabilizarse desde ayer (culmina el 27 de abril del 2021). Aunque el equipo especial del Caso Lava Jato de la fiscalía había solicitado 18 meses y dos días de cárcel preventiva, no apelará la decisión judicial. Sí lo hará Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, quien adelantó que incluso recurrirá a instancias internacionales.

La decisión de esta prisión preventiva fue tomada por el juez Víctor Zúñiga, un magistrado distinto al que ordenó la medida en octubre del 2018 (Richard Concepción).

Para Zúñiga, existen elementos suficientes para que Fujimori afronte el proceso que se le sigue en prisión. “La medida es idónea, necesaria, adecuada y proporcional”, dijo el magistrado para explicar que no existe otra medida que asegure la presencia de Fujimori en lo que queda de investigación, la etapa intermedia (control de acusación) y en un posterior juicio oral.

La apelación será analizada por una sala superior. Si no es declarada fundada, la defensa podrá recurrir a la Corte Suprema, mediante una casación. Si el Poder Judicial no le da la razón, podría acudir al Tribunal Constitucional (ya lo hizo para que se anulara la anterior orden de cárcel preventiva, por la que estuvo poco más de un año encarcelada).

Fujimori apareció en la sala de audiencias antes de que el juez finalizara de leer su resolución, cerca de las 6 de la tarde. Al terminar la lectura de esta, la excandidata presidencial fue trasladada a la carceleta del INPE. Al mismo tiempo, un video con un mensaje suyo era difundido en sus redes sociales.

—Sospecha grave—

Durante las casi nueve horas que le tomó al juez Zúñiga leer su fallo, la mayor parte estuvo centrada en las pruebas que el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial, entregó para sustentar la vinculación de Fujimori con los delitos de lavado de activos y obstrucción a la justicia.

El juez valoró las declaraciones de testigos como Jorge Yoshiyama Sasaki y Rolando Reátegui sobre la captación de falsos aportantes. Afirmó que no existen incoherencias en sus testimonios. Esto le permitió concluir que existe una “sospecha grave” de la presencia de una organización paralela al partido político Fuerza Popular, que habría operado para ocultar los aportes de campaña entregados por Odebrecht.

El magistrado mencionó también las declaraciones de Jorge Barata y otros exejecutivos de la constructora brasileña, quienes revelaron la entrega de los aportes. Agregó que “hay sospechas graves” de que el dinero de Odebrecht tenía como origen “la corrupción de funcionarios”.

Además, resaltó que Fujimori habría intervenido en los actos de conversión de los aportes que se recibieron de la compañía. “Existe sospecha grave de que Keiko Fujimori tenía conocimiento y ordenaba todos los actos dentro de Fuerza Popular”, dijo.

Zúñiga explicó que el dinero de Odebrecht habría sido intercalado con el dinero de empresarios peruanos que tendría origen lícito, y que esto evitó que se identificara en qué operación se introdujo el dinero, por lo que “existe sospecha grave del delito de lavado de activos”.

El juez precisó que fueron S/3 millones los que FP no habría declarado ante la ONPE para la campaña del 2011, cuando reportó poco más de S/17 millones.

Sobre la obstrucción a la justicia, el magistrado consideró que existen elementos para acreditar la presunta comisión del delito. En esta parte tomó en cuenta las declaraciones de los aportantes falsos que negaron ante la fiscalía haber entregado dinero para la campaña de Fujimori.

Mencionó además lo dicho por los testigos sobre la participación de los abogados del estudio Oré Guardia y de Giulliana Loza en la presunta coacción a falsos aportantes para que den versiones que no eran ciertas ante la fiscalía. En esta parte también está incluida la declaración de Jorge Yoshiyama vinculada a los abogados y a la manera en que operaban.

Los mismos abogados que ejercían la defensa de Fujimori eran los que se encargaban de los presuntos actos de obstrucción, dijo el juez.

—Peligro para el proceso—

Para el magistrado también quedó acreditado que existe peligro de fuga. Señaló que no puede demostrarse el arraigo laboral de la lideresa de Fuerza Popular.

“Las actividades delictivas imputadas se habrían manifestado en el seno de lo que sería su centro laboral”, apuntó.

Zúñiga añadió que a pesar de que Fujimori tiene un ingreso mensual de S/11 mil y que paga el alquiler de un departamento por S/5 mil, este monto le hubiera permitido adquirir una vivienda propia y generar un “arraigo de calidad”.

El juez destacó la asistencia de Fujimori a las citaciones fiscales mientras estaba en libertad; sin embargo, añadió que esta “actitud de sumisión” se debilita desde que se habría acreditado que intervino en el manejo de testimonios de otros testigos.

Otras declaraciones recogidas por la fiscalía que resultaron claves para el juez fueron las del excongresista Daniel Salaverry y del empresario Antonio Camayo. Ellos habrían permitido corroborar la vinculación entre el exjuez supremo César Hinostroza y Keiko Fujimori. “La organización paralela habría tratado de intervenir en el transcurso de las investigaciones”, sostuvo el juez.

Al finalizar la audiencia, Giulliana Loza afirmó que a Fujmori “se le están negando todos los derechos”.

“No es posible que a ella, sin haber sido gobierno, se le haya impuesto prisión preventiva”, declaró.

“Bajo este criterio ningún peruano está libre. Es lamentable el nivel jurídico”, añadió.

-«No es justicia, es ajusticiamiento»

En un video difundido en sus redes sociales, Keiko Fujimori aseguró que la nueva orden de prisión preventiva en su contra “no es justicia”, sino que es parte de una “venganza política”.

Afirmó, en ese sentido, que ha sido privada de su libertad “a pesar de que el fiscal no pudo entregar ni un solo elemento nuevo en mi contra”.

“Esto no es justicia, esto es ajusticiamiento y venganza política promovidos por muchos intereses que se suman o ONG que manipulan y chantajean al Poder Judicial, ciertos miembros del Ministerio Público que promueven la judicialización de la política, algunos medios y periodistas que viven de la persecución y un Gobierno que quiere seguir concentrando todo el poder para evitar su fiscalización”, aseguró la lideresa de Fuerza Popular.

Añadió que, luego de conocer la decisión del Poder Judicial, tomó la decisión de entregarse, de pedirle a su esposo, Mark Vito, que “presente su caso a gobiernos extranjeros y organismos internacionales”, y de responder políticamente a lo que dijo es una “persecución política” en su contra.

“No puedo quedarme de brazos cruzados frente a esta segunda prisión preventiva después de haber actuado de manera prudente todo este tiempo. Lo único que pido es que se me trate como cualquier otro ciudadano con derechos”, manifestó.

-NOTA PREVIA-

En noviembre del año pasado, el Tribunal Constitucional anuló la orden de cárcel preventiva que la excandidata presidencial cumplía.

En un anterior audiencia, el juez Zúñiga estimó que se tomará entre 8 y 11 horas para leer su fallo. En la última audiencia, realizada el jueves pasado, dijo que tenía “que revisar documentación […] presentada por las partes. Voy a hacerlo lo más resumido posible, pero me tomará unas 8, 10, 11 horas”.

Fujimori no acudirá a la lectura de resolución. Su abogada Giulliana Loza señaló a El Comercio que “no es obligatorio” que esté en la audiencia, pero que ella, como defensa, sí participará.

El domingo pasado, luego de emitir su voto, Fujimori adelantó que esperará la decisión del juez en su vivienda de Santiago de Surco. “El día martes voy a estar con mi familia a la espera de que la justicia se imponga”, aclaró.

—Elementos de la fiscalía—

Durante las 11 audiencias en las que se revisó el pedido, el fiscal Pérez presentó información que vincularía a la excandidata con los presuntos delitos de lavado de activos, obstrucción a la justicia, organización criminal, fraude procesal, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.

El fiscal mostró nuevos testimonios y documentación que, de acuerdo a su investigación, probarían que existen elementos para dictar una orden de prisión preventiva.

Pérez entregó al juez el testimonio de Jorge Yoshiyama Sasaki, quien aseguró ante la fiscalía que Fujimori estaba al tanto de los aportes de Odebrecht y que, además, le pidió conseguir aportantes falsos. También leyó la declaración de Dionisio Romero Paoletti, quien afirmó que dio US$3,65 millones en efectivo para la campaña de la excongresista. Asimismo, dio cuenta de una lista de 53 falsos aportantes ya identificados por su despacho, empleados para las campañas del 2011 y el 2016.

“Keiko Fujimori rompió toda legalidad posible, no solo porque captó dinero de Odebrecht, sino porque está demostrado objetivamente que recibió millones de dólares en efectivo, en maletas, clandestinamente, no bancarizado. Está acreditado que obstruyó la averiguación de la verdad amenazando, induciendo, coaccionando a testigos”, sostuvo el fiscal.

—Posición de la defensa—

Para Loza, la fiscalía no ha presentado graves y fundados elementos que acrediten la participación de su defendida en los delitos que se le imputan. Consideró que los hechos que la fiscalía señaló no constituyen delito.

Sobre los aportantes falsos identificados por la fiscalía, Loza argumentó que esta información no contiene relevancia penal, sino aspectos de carácter administrativo.

A través de su cuenta de Twitter, la abogada indicó que el arraigo de Fujimori está sustentado. “No existe peligro de fuga ni de obstrucción. Requerir la prisión preventiva, y no otra medida, para la realización de las pericias, es indebido porque estas no requieren que Keiko esté presa”, escribió.

Loza exhortó al juez “a actuar con justicia” en el caso de su defendida.

—Testimonios—

Jorge Yoshiyama

El empresario declaró: “Tanto Jaime Yoshiyama como Keiko Fujimori sabían que sí había dinero donado por la empresa Odebrecht a Fuerza 2011 para la campaña electoral. Ella me pide buscar falsos aportantes para el partido Fuerza Popular”.

Dionisio Romero

Sobre los aportes que hizo, el ejecutivo dijo: “Sí, la señora Keiko Fujimori lo recibió, pero no puedo precisar en cuantas ocasiones. En algunas ocasiones estaban ambos; en otras, solamente la señora Fujimori; y en otras, el señor Yoshiyama. Las entregas fueron dadas en maletines”.

El Comercio

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