El Supremo venezolano en el exilio evalúa si juzga a Nicolás Maduro por el caso Odebrecht

«Existen fundamentos serios y hechos comprobados para juzgar a Nicolás Maduro por delitos de corrupción y legitimación de capitales». Luisa Ortega, fiscal rebelde destituida ilegalmente por la Asamblea Constituyente, realizó ayer el alegato más importante de su carrera en las circunstancias más excepcionales: en una sala del Congreso colombiano y frente a una parte del Tribunal Supremo en el exilio, cuyos magistrados presenciaron la audiencia vía Internet desde cuatro países distintos.

La audiencia oral y pública para evaluar si el primer mandatario debe ser juzgado por el caso Odebrecht, que ha tumbado y encarcelado a presidentes y vicepresidentes en el continente pero que en Venezuela se maneja con impunidad, alcanzó su punto culminante cuando quien fuera estrecha colaboradora de Hugo Chávez solicitó el inicio del enjuiciamiento y la detención internacional de Maduro a través de una alerta roja de la Interpol y de un oficio a las Fuerzas Armadas «para que ejecuten su captura».

El Supremo comunicará el 9 de abril si continúa el caso o decreta su sobreseimiento, aunque al tratarse de un funcionario público de alto rango debe obtener la aprobación del Parlamento venezolano.

Como era de esperar, ni el ‘hijo de Chávez’ ni su abogado acudieron a la cita, por lo que se le declaró en contumancia (rebeldía) y se le designó un defensor público. Ortega desplegó entonces un aluvión de datos y declaraciones, extraídas de las pesquisas iniciadas por su Fiscalía en 2015, que confirmarían «un caso verdaderamente escandaloso».

Las investigaciones elevan el caso Odebrecht en Venezuela muy por encima al resto de los países, con 98 millones de dólares invertidos en sobornos a funcionarios, 407 millones entregados para la construcción del segundo puente sobre el Lago Maracaibo (sólo se instalaron seis pilotes) y 192 millones en evaluaciones para otras obras fantasmas.

La Fiscalía obtuvo las declaraciones de encausados en Brasil para asegurar que Maduro, canciller de Chávez en 2012, entregó maletines con 10 millones de dólares para la campaña presidencial de ese año de su propio líder, además de ocho millones aportados por sus socios brasileños. En las presidenciales de 2013, la cifra para que ganase Maduro aumentó a 35 millones enviados desde Brasil a cuentas en un banco de Antigua.

El chavismo no reconoce ni a Ortega, a quien califican de traidora y corrupta, ni al propio tribunal. Los magistrados fueron obligados a huir de Venezuela después de su nombramiento a mediados del año pasado, cada uno como pudo. Algunos se refugiaron en la Embajada de Chile para huir semanas más tarde atravesando la frontera de Colombia y rumbo al país sudamericano. En cambio, tres de ellos fueron detenidos. Actualmente, el juez Ángel Zerpa permanece en arresto domiciliario a la espera del juicio, acusado de traición a la patria y usurpación de funciones.

Más allá de los focos que se impongan sobre el escándalo Odebrecht, el principal obstáculo del Supremo en el exilio no es sólo su cuestionada capacidad de acción, sino también su propia legitimidad, pese a que su constitución guarda las formas legales, algo que no ocurre con el Tribunal Supremo chavista.

«Uno de los componentes esenciales de todo órgano de poder público es que ostente legitimidad en el desempeño de sus funciones, algo que requiere reconocimiento de otros poderes públicos y de la ciudadanía. Ni siquiera existe consistente reconocimiento por parte de la Asamblea Nacional», reflexiona Nizar El Fakih, director de la organización Pro Iuris.

«Muchos creen que no podemos hacer nada, pero podemos hacer más de lo que muchos creen», aseguró en cambio Pedro Troconis, magistrado de la Sala de Casación Penal del Supremo en el exilio.

 

Fuente: El Mundo

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