Bachelet enviará misión de investigación de ONU a Chile

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció este jueves el envío de una misión de verificación a Chile para investigar las posibles violaciones a las libertades fundamentales durante las recientes protestas en ese país.

«Tras monitorear la crisis desde el comienzo, he decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Chile», destacó la expresidenta chilena en su cuenta oficial de Twitter.

«Parlamentarios y el Gobierno han expresado su interés en recibir una misión» de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, añadió la alta comisionada, quien el lunes pidió diálogo entre el Gobierno de Chile y la sociedad civil para «calmar la situación».

Más temprano, el canciller chileno, Teodoro Ribera, había confirmado que el Gobierno solicitaría a las Naciones Unidas el envío de observadores de derechos humanos a las protestas que se producen en el país desde el pasado viernes y que ya han dejado 18 fallecidos.

En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el presidente Sebastián Piñera tenía planeado contactar a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para pedirle que disponga el despliegue de un equipo de relatores para dar fe de las situaciones que se están viviendo en las calles.

Ciudades, provincias y regiones completas de Chile se encuentran en casi todo el país en estado de emergencia bajo control militar y los toques de queda nocturnos se extienden de norte a sur desde hace días.

Ribera también afirmó que se invitó al director de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, para velar por el respeto a los derechos humanos en Chile.

Más detenidos

Hasta el momento, la Justicia chilena ha registrado un total de 3.162 controles de detención con 5.397 personas imputadas, de los cuales se han confirmado 425 ciudadanos formalizados de forma ilegal.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), una entidad pública pero autónoma que hace un seguimiento al actuar de las fuerzas del orden, registró en su último balance de la noche de este miércoles un total de 2.410 detenidos en todo el país.

El aumento del precio del billete del Metro marcó el inicio de una oleada de protestas que, con el paso de los días, despertó el hartazgo de parte de la ciudadanía por las bajas pensiones y salarios y los altos precios de luz, gas, educación universitaria y salud, generando un estallido social que no se veía desde el fin de la dictadura en 1990.

DW

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